DEFENDER LA CONSTITUCIÓN

DEFENDER LA SEPARACION DE LOS PODERES DEL ESTADO
DEFENDER LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Por Esteban Jardín

En la reciente manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un legislador del Frente Amplio (FA) amenazó con denunciar a la Corte ante un organismo internacional por declarar inconstitucional una ley que él impulsó.

Entretanto -y por iniciativa del FA- el bloque oficialista del Senado se apresta a citar a los ministros de la Corporación por una decisión administrativa por la que se dispuso el traslado de una magistrada, del ámbito penal al civil.

El presidente de la República, al ser consultado por la prensa sobre la asonada que siguió a la manifestación y que impidió por tres horas la realización de la ceremonia de toma de juramento de una docena de jueces, se limitó a calificar de “feo” este hecho.

Tal vez no tuvo otra salida, ya que su ministro de Defensa Nacional, el viejo camarada del MLN Eleuterio Fernández Huidobro obstaculizó hace unos meses la acción de esa jueza –hoy trasladada- al impedir la toma de fotografías en un cuartel y la búsqueda de restos de un avión que desapareció en aguas del Río de la Plata.

Por ahora la constante en nuestro ordenamiento es el fluido relacionamiento entre los poderes del Estado. En forma permanente los juzgados están llevando adelante investigaciones que requieren la directa contribución del Ministerio del Interior, donde se pone a prueba una y otra vez el respeto a la separación de poderes y la natural contribución que debe existir entre los mismos.

La señal que algunos parlamentarios y la dirección política del FA están dando a la ciudadanía en los sucesos del fin de semana anterior no es buena ni sana para el ejercicio democrático.

Cualquier presión indebida que intente obstaculizar el orden jurídico cada vez que se pronuncia el Poder Judicial sobre algo que molesta al grupúsculo patotero oficialista, con o sin la participación de legisladores, debe ser sometido a la Justicia penal y es el Poder Ejecutivo quien tiene la obligación de asistir con las diligencias que ordene la sede que investigue el caso.

Siempre han existido cuestionamientos a fallos judiciales y se ha hecho uso y abuso de los fueros parlamentarios, por todos los sectores políticos.

Lo que por suerte no es frecuente es amenazar con reformar la Constitución cada vez que un pronunciamiento judicial derrumba equívocas decisiones.

Hoy el país asiste asombrado a una amenaza de esa naturaleza. Ese hecho se suma a las consecuencias de la asonada frente a la SCJ y proviene nada menos que del propio presidente Mujica. El mandatario apeló a reformar la Constitución al declarar inconstitucional la SCJ la ley de fines del 2011 que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Son pocos los antecedentes y mejor no recordar esos intentos totalitarios de acomodar la Constitución a intereses ideológicos.

La historia tiene destinada algunas páginas negras a esos propósitos. Y la ciudadanía no las olvida.