martes, 26 de febrero de 2013

ENTRE LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA



 Los Partidos Políticos se construyen en torno a ideas, que tratan de llevar adelante en la realidad buscando ese ideal que es razón última de su existencia.
 Esa idea es la primera y sin ella las demás no se conciben.
 Asi el Partido Nacional tiene a la libertad como su razón primaria, como lo expresa el primer documento de la Agrupación Compañeros: “Para el Partido Nacional, en tanto partido liberal, la libertad es el valor supremo: libertad de las personas, libertades políticas, libertad económica. No es concebible una libertad coja o parcial”.
Esta idea se antepone a las de Igualdad y a la de Justicia. ¿Qué sentido tiene ser iguales si no somos libres?. O ¿qué importa que la sociedad sea justa si no es libre? y sí es totalitaria.
Y allí radica nuestra diferencia fundamental con los partidos que componen el Frente Amplio y no proceden del pensamiento democrático. Para ellos la búsqueda de la Igualdad justifica la pérdida de algunas libertades. Esta diferencia que parece tan teórica, tan etérea, tan alejada de la realidad, es la que nos permite mirar lo que realmente está en juego ante el ataque a la Suprema Corte de Justicia por parte de la izquierda.
El tema de los derechos humanos (DDHH)  hace ya más de 30 años que está en discusión entre nosotros, según hacen parecer algunos frentistas, quien no suscriba la posición más dura se transforma en un defensor del terrorismo de Estado, en un cómplice de las violaciones de los DDHH y sobre todo en una persona detestable, pero lamentablemente mucho de esto huele más a venganza que a justicia.
Para los nacionalistas las garantías de las libertades individuales están cuestionadas y cuando eso sucede no acudimos en defensa de militares golpistas, acudimos en defensa de nosotros mismos, pues esas garantías son las que protegen los derechos de todos, los míos y los de mi prójimo y ante la turba que se alza clamando por supuestas injusticias nosotros vemos un intento para destruir las garantías constitucionales y acudimos como siempre lo hemos hecho, en forma casi instintiva, como la primera vez y como siempre a ser los Defensores de las Leyes.
La Constitución es pues nuestro escudo y no un pedazo de papel. Sabemos lo que es vivir anhelando su plena vigencia y como su menosprecio es abrir la puerta al totalitarismo que sufrimos todos.

Por ello, ante el cacareo cacofónico llamando a atropellar al Poder Judicial, vuelven a nuestros oídos aquellas palabras de Wilson el día del golpe de Estado de 1973, lanzando con confianza el nombre del Partido Nacional, entonces para vengar, hoy para defender, como siempre nuestra República y su Constitución.


lunes, 25 de febrero de 2013

DEFENDER LA CONSTITUCIÓN



DEFENDER LA SEPARACION DE LOS PODERES DEL ESTADO
DEFENDER LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Por Esteban Jardín

En la reciente manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un legislador del Frente Amplio (FA) amenazó con denunciar a la Corte ante un organismo internacional por declarar inconstitucional una ley que él impulsó.

Entretanto -y por iniciativa del FA- el bloque oficialista del Senado se apresta a citar a los ministros de la Corporación por una decisión administrativa por la que se dispuso el traslado de una magistrada, del ámbito penal al civil.

El presidente de la República, al ser consultado por la prensa sobre la asonada que siguió a la manifestación y que impidió por tres horas la realización de la ceremonia de toma de juramento de una docena de jueces, se limitó a calificar de “feo” este hecho.

Tal vez no tuvo otra salida, ya que su ministro de Defensa Nacional, el viejo camarada del MLN Eleuterio Fernández Huidobro obstaculizó hace unos meses la acción de esa jueza –hoy trasladada- al impedir la toma de fotografías en un cuartel y la búsqueda de restos de un avión que desapareció en aguas del Río de la Plata.
Por ahora la constante en nuestro ordenamiento es el fluido relacionamiento entre los poderes del Estado. En forma permanente los juzgados están llevando adelante investigaciones que requieren la directa contribución del Ministerio del Interior, donde se pone a prueba una y otra vez el respeto a la separación de poderes y la natural contribución que debe existir entre los mismos.

La señal que algunos parlamentarios y la dirección política del FA están dando a la ciudadanía en los sucesos del fin de semana anterior no es buena ni sana para el ejercicio democrático.

Cualquier presión indebida que intente obstaculizar el orden jurídico cada vez que se pronuncia el Poder Judicial sobre algo que molesta al grupúsculo patotero oficialista, con o sin la participación de legisladores, debe ser sometido a la Justicia penal y es el Poder Ejecutivo quien tiene la obligación de asistir con las diligencias que ordene la sede que investigue el caso.

Siempre han existido cuestionamientos a fallos judiciales y se ha hecho uso y abuso de los fueros parlamentarios, por todos los sectores políticos.

Lo que por suerte no es frecuente es amenazar con reformar la Constitución cada vez que un pronunciamiento judicial derrumba equívocas decisiones.

Hoy el país asiste asombrado a una amenaza de esa naturaleza. Ese hecho se suma a las consecuencias de la asonada frente a la SCJ y proviene nada menos que del propio presidente Mujica. El mandatario apeló a reformar la Constitución al declarar inconstitucional la SCJ la ley de fines del 2011 que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Son pocos los antecedentes y mejor no recordar esos intentos totalitarios de acomodar la Constitución a intereses ideológicos.

La historia tiene destinada algunas páginas negras a esos propósitos. Y la ciudadanía no las olvida.