miércoles, 19 de diciembre de 2012

RESULTADOS DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD


Por Esteban Jardín

La política frenteamplista de “privatizar  la seguridad” de los espectáculos deportivos comenzó a descubrir la peor de sus facetas: la muerte.
Los sucesos de la noche del viernes 14 en el Cordón, a apenas tres o cuatro cuadras de la Avenida 18 de julio, no fueron más que una cuenta en el collar de errores u horrores de la conducción del Ministerio del Interior, empeñado en eludir la responsabilidad del Estado en un aspecto tan vital para las instituciones republicanas como lo es la seguridad pública.
Allí, por intentar defender con su voz su patrimonio murió la ciudadana Soledad Barrios Campoamor, quien con sus frescos 28 años intentó abrirse paso en la vida en base a su esfuerzo e idoneidad.
Atrás en el tiempo quedaron aquellos disparos de arma de fuego frente a la cancha de Cerrito, previo a un partido del equipo local contra Rampla Juniors, gota que derramó un vaso y que llevó a que –poco después- la policía decidiera no entrar más a ese escenario deportivo .
Hace apenas dos semanas en el Estadio Centenario y ante 50.000 espectadores, todo el país vio como la seguridad “privada” de la barra de Peñarol “protegía” a los efectivos policiales que se batían en retirada en la escalinata entre las tribunas Olímpica y Amsterdam del Monumento al Fútbol Mundial, minutos después que un muchacho de 17 años cayera al vacío al intentar trepar un muro.
La diputada Susana Pereira, esposa del ministro del Interior Eduardo Bonomi y asistente al espectáculo, hizo público el secreto a voces que se sabía de que la policía no entraba más a la tribuna Amsterdam cuando juegaba  Peñarol.
Ese fue el más flagrante ejemplo del neoliberalismo progresista del Frente Amplio: dejar el rubro seguridad en manos de “referentes” de las barras futboleras.
Estos, por su parte,  también reconocieron que se ven desbordados por los iracundos, que aprovechan cada oportunidad para agredir con total impunidad, ya sea a funcionarios policiales o a quien se le cruce por delante.
En esa tribuna popular compiten además por la demanda de drogas varias mafias que se mueven con la seguridad que les proporciona el renunciamiento estatal a velar por la seguridad pública.
Además, en determinados partidos de fútbol, la desprotección pasa también a la tribuna Colombes, según saben los propios funcionarios que trabajan en el Estadio Centenario.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que la policía deje de entrar en las demás tribunas y todo pase a ser tierra de nadie?
Cuando empezaron los brotes de violencia en los espectáculos deportivos, progresivamente se separaron las hinchadas, se separaron las tribunas, se establecieron “pulmones” de separación, zonas de exclusión y se exigieron filmadoras en las instalaciones y alambradas de más de cuatro metros.
El corolario de esto fue que se llegó a dejar en manos de las instituciones deportivas la responsabilidad del orden público en los espectáculos que ellas organicen.
Así como sucede en el básquetbol, pasa y pasará en el fútbol. ¡Ya no se puede ir a lo que históricamente fue una fiesta de la que participaba toda la familia!
Si son los clubes que organizan los espectáculos los que deben encargarse de la seguridad pública, ¿por qué razón  el gobierno frenteamplista no exige que sean los clubes los que instrumenten sus propios órganos de justicia? Y en esa carrera al vacío ya se le ocurrirá pedir las propias cárceles privadas, donde se alojarán reclusos según sea el equipo al que pertenecen.
Cabe preguntarse aquí quién debe controlar el ingreso con armas  o drogas de los aficionados a los escenarios deportivos.
¿Serán los clubes quienes tengan que poner scaners en las puertas de acceso, porque el Ministerio del Interior no lo hace?
La respuesta es ¡No!
 La ciudadanía exige que sea el Estado el único responsable en asumir ese deber intransferible.
Señor Bonomi: el problema se le fue de las manos. Deje su cargo y no espere a que se lo pida el presidente Mujica, cuya preocupación principal es que se acerca el verano, que todo lo puede y que todo lo olvida.
De una cosa estamos convencidos: quien le sustituya no podrá ser  peor que usted. 
  

viernes, 7 de diciembre de 2012


Compañeros insiste en transformar estructuras partidarias

La Convención Departamental Ampliada de Montevideo del Partido Nacional dejó una vez más al descubierto la necesidad de proceder a implementar cambios estructurales a todo nivel, según la propuesta que llevó al encuentro la Agrupación Compañeros, que lidera Esteban Jardín.
Barrer con el ineficaz sistema electoral actual, separar en el tiempo la elección de autoridades partidarias con la que se define el candidato presidencial y eliminar la cotización obligatoria para la afiliación al Partido, priorizando así la participación de afiliados nacionalistas en la designación de autoridades, fueron los puntos reseñados por ese sector.
Jardín fue su portavoz y quien resumió la postura de su sector, que fue presentada y desarrollada en la Convención Departamental del 7 de setiembre de 2011 y propuesta en moción que  alcanzó la aprobación de la unanimidad de los convencionales asistentes.
Las puntualizaciones planteadas por la Agrupación Compañeros  en la Convención Departamental Ampliada del último jueves 22, apuntan a facilitar la conformación de agrupaciones y a cambiar el mecanismo para la elección de autoridades partidarias.
En cuanto al primero de los temas, Jardín sostuvo que “el Partido deberá estar al servicio de los ciudadanos, facilitando e impulsando la creación de nuevas agrupaciones para ampliar la base partidaria activa”.
En ese sentido insistió ante la dirigencia blanca en “adecuar las estructuras para generar una llegada acorde a las necesidades de los vecinos, utilizando todas las herramientas existentes que están a su alcance”. Jardín puso como ejemplo la optimización del uso de las redes sociales, donde se destaca la sustancial mejora efectuada en las páginas web partidarias.
Hizo hincapié en “propender a modificar la estructuras partidarias exigiendo el cumplimiento de un accionar participativos de los compañeros de todas las seccionales, cada uno en su municipio y por esa vía efectuar el contralor de gestión”.

                                                 
Elección de autoridades

El objetivo central de la propuesta de Compañeros sigue siendo separar en el tiempo las elecciones de las autoridades partidarias de las elecciones internas, en la cual se elige al candidato a presidente y a los convencionales departamentales y nacionales.
“Los afiliados podrán participar de la elección de las autoridades de las seccionales partidarias departamentales nacionalistas y miembros del directorio las que deben realizarse dos años antes de la elección interna, separando los tiempo de administración partidaria con los de la campaña electoral para la interna”, argumentó Jardín.
La propuesta, como se dijo, apunta también a eliminar el actual requisito de afiliado cotizante y generar la más amplia afiliación, como se da en la elección de los jóvenes. Compañeros entiende al actual mecanismo de cotización compulsiva y excluyente  como “selectivo y discriminatorio”.
En forma paralela debe evitarse “la concentración de responsabilidades en la misma persona, o sea el centralismo en las responsabilidades, que lleva a una inevitable confusión y a una superposición inconducente”.
                                             
   Resolución vigente

La Convención Departamental del 7 de setiembre de 2011 hizo suya por unanimidad la moción que impulsó en esa oportunidad la Agrupación Compañeros.
Por la misma se mandató a “que las convocatorias a la Convención Departamental (del Partido Nacional) en un futuro se realicen con la debida antelación y en forma personal a cada uno de los miembros que integran la misma.
Que esta convención tenga un funcionamiento semestral como mínimo, lo que permitirá una planificación del funcionamiento de la misma, habilitando la presentación de iniciativas con suficiente anticipación”.
Los planteos que se formulen “serán puestos en conocimiento del cuerpo antes de la realización de la Convención”, concluyó la resolución.
Además, en los considerandos se entendió oportuno que se declare al Partido Nacional “en estado de Asamblea permanente debido al deterioro progresivo de Montevideo, luego de 21 años de conducción de un mismo partido”.

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Quien dice la verdad no merece castigo


Por Esteban Jardín

El dicho que reza que “quien dice la verdad no merece castigo” estaba vigente cuando siquiera cualquiera de nosotros habíamos pisado este planeta.
Seguro que el que  inventó la frase fue uno más de los perjudicados, y recibió el castigo por decir la verdad.
Hoy la historia vuelve a repetirse: el gobierno del Frente Amplio echó a Juan Gabito Zóboli de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) por denunciar apenas uno de los aspectos de la errática conducción diplomática que soporta Uruguay y que estaba en su órbita de responsabilidad.
“Las decisiones estratégicas de tono conciliador adoptadas por la cancillería no rindieron los frutos esperados, ya que no fueron correspondidas por Argentina”, dijo Gabito Zóbol i en una entrevista que publico El Observador, refiriéndose a la política seguida con relación al dragado del Canal Martín García.
El funcionario opinó con términos diplomáticos lo que todo el mundo sabe:  Almagro hace lo que le dicta por  teléfono su colega  Héctor  Timerman y sumerge a nuestro país en la vergüenza que se le identifique en el resto del mundo como una provincia de Argentina.
Fuentes oficiales le dijeron a La República que Gabito Zóboli fue cesado por “razones profesionales” y además se señaló que el jerarca designado para el cargo por el Partido Nacional “está sujeto a condiciones de reserva”.
¿Cuáles son esas condiciones de reserva? Seguir engañando a la ciudadanía en su conjunto, al Parlamento, a los líderes opositores, con el “cuco” de las filtraciones a la prensa de la estrategia que se presume desarrolla.
Es por la prensa responsable y por los políticos que hacen lo que deben,  que se saben las cosas que usted, Señor Almagro quiere ocultar.
Este mismo martes 4 en la sede del PIT-CNT el presidente José Mujica dijo en un desayuno de trabajo que “lidiar con las diferencias que tenemos con Argentina es uno de los problemas más penosos” y de eso nos enteramos por la prensa, no porque su funcionario Almagro lo haya dicho nunca.
Lo penoso es el papel que nos hace jugar Almagro como Nación en toda esta historia, o ¿se olvida Mujica que en mayo pasado le rechazó la renuncia que le presentó su embajador itinerante Julio Baraibar, cuando hizo público que un ex diplomático argentino había intentado coimear al embajador Francisco Bustillo, entonces presidente de la CARP.
El punto entonces era torcer una decisión de 15 millones de dólares a favor de una empresa que hace el dragado desde hace más de 20 años.
Esa presión había sido ejercida dos años atrás y todo se ocultó e inclusive se negó.
Baraibar se salvó por ser “del riñón, a Bustillo -como premio- se le despachó para España y Almagro -el responsable final- siguió en el mismo cargo para hacerle los mandados al gobierno de Cristina Fernández, mientras somos nosotros quienes le pagamos todos los meses el sueldo en Montevideo.
Es hora de que el Parlamento vote una censura a la gestión de Almagro. Es hora que los legisladores de la coalición de gobierno asuman con dignidad su gestión y le ahorren al país toda esta vergüenza y tomen un rumbo que no se sabe si alguna vez lo conocieron.
¿Qué le dirá Tabaré Vázquez en el mano a mano a cada uno de sus diputados y senadores, cuando fue él quien le pidió la ayuda de los marines a George Bush para enfrentar a Argentina ante el temor de una agresión militar?
Ahora cabe preguntarse: ¿Cómo, no es que Mujica, Vázquez, Almagro, Baraibar, Bonomi, Ehrlich, etc.etc. trabajan en la misma fábrica del doble o triple discurso?